El comercio ilegal en Argentina

El comercio ilegal es un fenómeno que crece de manera significativa en el país y priva al sistema recaudatorio del Estado del ingreso de fondos para mejorar la calidad de vida de los argentinos.

Las causas de este fenómeno responden a la debilidad del sistema estatal para ejercer controles sobre las principales actividades que alimentan este delito: contrabando, falsificación de marcas y complejos comerciales irregulares, en distintas jurisdicciones.

También se reconocen otros factores que lo fomentan: carga tributaria a la producción nacional, falta de fuentes de trabajo genuino e índices de pobreza.

Por la pasada inacción de las autoridades de control, administración de justicia y dirigencia política, las organizaciones controlantes del comercio ilegal captaron y convirtieron a los desocupados en un escudo social.

Además, estas organizaciones se quedan con las ganancias y adquieren poder para corromper al sistema de control estatal.

La clandestinidad comenzó en zonas de fronteras. Con el correr de los años, se extendió hacia los grandes centros urbanos del país.

Allí se instalaron ferias comerciales irregulares que adquirieron el reconocimiento nacional e internacional, ante la pasividad general y la complacencia social de los consumidores.

La ocupación de territorios municipales para las ferias facilitó la relación de esta modalidad comercial ilegal con manifestaciones delincuenciales de mayor entidad, como el tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, la trata de personas, el robo y hurto de automotores, tráfico de divisas y financiamiento de otros delitos, en un contexto de economía informal o mercado negro.

Así, el comercio ilegal se convierte en un generador de inseguridad pública. También es competencia desleal para el comercio formal –con carga tributaria y administrativa–, que se ve obligado a cerrar puertas por estas exigencias.

El Gobierno nacional combate a la mafia y a la corrupción y se advierte un signo pequeño, pero auspicioso de transparencia, ante el mal generalizado.

La acción actual emprendida contra la ilegalidad en el comercio se ve en logros obtenidos por incautación de mercadería ilegal, detenciones y clausura de locales comerciales ilegales.

Este signo de cambio en el rumbo es percibido socialmente como un modelo caracterizado por la legalidad y el fomento del cumplimiento de las cuestiones tributarias y administrativas, lo que tiende a eliminar el esquema marginal propuesto por el comercio ilegal.

Una prueba en la lucha contra este fenómeno fue la intervención en la feria La Salada, de Lomas de Zamora, pero también por operativos específicos en Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba, que incluyeron el desbaratamiento de una fábrica clandestina de cigarrillos y distintas medidas adoptadas, respecto del personal de fuerzas de seguridad y policiales, contra pequeñas organizaciones internas corruptas.

Pese a la decisión política de cambio y en un contexto electoral vigente, la lucha contra el comercio ilegal no puede pretender un resultado de fondo diferente si se mantiene el actual mecanismo investigativo y estructural de intervención operativa.

Las intervenciones recientes ejecutadas por grupos combinados de fiscales, fuerzas de seguridad y policiales y organismos específicos carecieron de la preparación previa suficiente.

Si bien se verificaron acciones exitosas, esa falta de entrenamiento y coordinación puede convertirse en una debilidad.

Esta debilidad debería ser contrarrestada con un planeamiento integral: una organización específica anticomercio ilegal, dotada de facultades precisas en el seguimiento del fenómeno.

* Comandante general (retirado) de Gendarmería, diplomado en Seguridad y Resolución de Conflictos

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