Los que menos tienen, un desafío que depende de muchos actores

La polémica arrancó a fines de mayo, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió cifras de pobreza que colocaban al Gran Córdoba con uno de los índices más altos del país: 40,5 por ciento.

Entonces comenzó un ida y vuelta entre la Provincia y la Nación para que se revisaran metodologías y se limpiara la discusión de cualquier intencionalidad política.

Desde entonces, el Gobierno cordobés trabaja para afinar ese conteo, incluyendo por ejemplo beneficios no monetarios que reciben algunas familias, como el Boleto Educativo Gratuito o el Paicor.

La Provincia insiste en una realidad: hay condiciones macroeconómicas que no dependen tanto de lo que se pueda hacer a nivel local. En especial, cuando la pobreza se mide por ingresos.

Uno de los datos que mejor ejemplifican esto es de la desocupación, que creció 1,6 por ciento en el primer trimestre de este año con relación al mismo período de 2016. Hoy alcanza el 9,2 por ciento.

La inflación es otra variable que depende de factores macro.

El alza del dólar y su eventual impacto en los precios también podrían afectar los índices de pobreza.

La suba de tarifas dio de lleno en las economías familiares y en especial de pequeñas empresas.

Por eso, en lo que más se hace eje desde Córdoba es en que la distribución de subsidios que realiza la Nación, si bien mejoró con respecto a la administración kirchnerista, sigue siendo inequitativa para las provincias y muy beneficiosa para Buenos Aires.

De los 26 mil millones de pesos que se manejarán en subsidios este año para los trenes de pasajeros, no hay un peso que tenga como destino esta provincia.

Desde 2016, se acomodaron algo las cargas en energía eléctrica, pero el gas sigue con la misma cobertura para los que tienen el servicio de red, que en el interior, como máximo, alcanza al 50 por ciento de la población.

En transporte público de pasajeros, los números a favor de los bonaerenses son escandalosos, y en agua y cloacas, si bien desde 2016 se ajustó la tarifa, las inversiones y subsidios durante 10 años se pusieron en la cuenta de todos los argentinos. Por ese abanico de inequidades, es que reclama la Provincia.

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