Ordenanza polémica en Río Cuarto: exigen empleados locales para poder abrir un supermercado

En una normativa que los supermercadistas chinos toman como una afrenta, Unión por Córdoba aprobó en el Concejo Deliberante de Río Cuarto una ordenanza que suspende por un año las habilitaciones de supermercados y autoservicios de ventas minoristas y afines. 

Según la norma impulsada por la concejal oficialista Andrea Petrone, sólo se habilitarán los emprendimientos que estén ubicados a no menos de 500 metros de establecimientos similares y generen “al menos tres puestos de trabajo debidamente registrados y ocupados por riocuartenses”. 

Río Cuarto exige ahora, además, que para instalar un autoservicio o pequeño super, se debe presentar “un presupuesto detallado de la inversión y la documentación que acredite y garantice la viabilidad económica y financiera del proyecto”. A su vez, debe formular “un informe de prefactibilidad del emplazamiento que deberá contemplar un análisis de impacto socioeconómico y ambiental y la incidencia en el tráfico existente en el lugar”. 

La iniciativa fue rechazada de plano por Cambiemos y por el partido Respeto que la consideraron discriminatoria y reclamaron por falta de debate. Desde las cadenas de supermercadistas chinos se denostó la norma y se dejó entrever que podrían impulsarse demandas contra el municipio.

Argumentos 

El oficialismo remarcó que se trata de una suspensión y no de una prohibición. Petrone negó que sea una norma contra los super chinos. Insistió con que se apunta a frenar las habilitaciones de autoservicios de cualquier origen, para dar tiempo al debate sobre una nueva regulación local de la actividad. Destacó que la iniciativa responde a inquietudes del Centro de Almaceneros y el Centro Empresario. 

En el mismo sentido, el secretario de Gobierno, Mauricio Dova, argumentó que se apunta a “defender a los riocuartenses” y dijo que el año de suspensión puede servir para que los almacenes instalados se preparen para competir, y para definir una legislación que fije condiciones igualitarias. 

Para Yolanda Durán, titular de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y países del Sudeste Asiático, la ordenanza de Río Cuarto, “entorpece el camino de los inversores, perjudica a los consumidores que con la competencia logran mejores precios y también a la economía regional, porque los supermercadistas se proveen de productos regionales”.

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