La reciente promulgación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad generó críticas de distintos referentes del sector, luego de que el Gobierno anunciara que su ejecución quedará suspendida hasta que el Congreso incluya partidas presupuestarias específicas. La medida está contemplada en el Decreto 681/2025, que se ampara en los artículos 5° de la Ley 24.629 y 38 de la Ley 24.156 para justificar la necesidad de financiamiento previo.
La norma, que había sido vetada en agosto mediante el Decreto 534/25, fue finalmente aprobada por el Congreso tras el rechazo a los vetos por mayoría en ambas cámaras y establece la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, incluyendo la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad. Sin embargo, su ejecución dependerá de los recursos que se asignen en el Presupuesto 2026, que fue enviado al Parlamento el 15 de septiembre.
En diálogo con EME, Gabriela Bruno, secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad del Partido Socialista a nivel nacional, cuestionó la demora y la postura del Ejecutivo. “Queremos dar a conocer las barbaridades que siguen ocurriendo contra el colectivo de personas con discapacidad por parte del gobierno nacional”, señaló.
Bruno remarcó que no se trata de un tema de recursos, sino de voluntad política: “Vuelve a pasar al Congreso algo que ya está aprobado. No es más una cuestión del Congreso. Lo que se necesita es la implementación efectiva y que se les asignen recursos. Se plantea que no hay dinero para las personas con discapacidad, pero sí lo hubo para el sector agroexportador con relación a las retenciones. La balanza se inclina para quienes ellos eligen».
«No respetar derechos ni garantizarlos para su día a día es una decisión política de este gobierno”, concluyó.
Escuchá la palabra de Gabriela Bruno en EME: